ÁNGEL DELGADO SILVA
Curiosamente, la vacancia presidencial ha gestado una coyuntura de larga duración, que sigue trastornando la vida política nacional. Quienes confiaron que el rechazo parlamentario a la medida–durante las semanas postreras del último diciembre– cerraba la cuestión, no percibieron su trascendencia. Ni las fiestas navideñas y de fin de año, los triunfos deportivos, el cambio de Gabinete o la venida del Papa, truncaron su desarrollo. La vacancia siguió su curso indefectible y, contra lo previsto,ganó aliados, se dotó de nuevos voceros, acumuló más pruebas y puso al Gobierno en total defensiva.
Hoy, cien días después, el sosiego veraniego y ánimo vacacional han sido desplazados por la incertidumbre, el pesimismo y la parálisis que acarrean toda crisis política de envergadura.
Sin embargo, no ha sido la vacancia del primer mandatario en trámite, el factor desencadenante –como sostiene la Primera Ministra. Al contrario, ésta se configura como una salida, un mecanismo alternativo, un remedio político con fundamento constitucional, para salir del empantanamiento general.
Podemos discutir si estamos frente a la actuación más idónea del Congreso, cuestionar su legitimidad o pensar que nos traerá ingobernabilidad. Pero jamás podríamos negar que la causa de ello, ha sido el descubrimiento del grave y extendido conflicto de intereses entre lo privado y lo público, por parte del Jefe de Estado, a lo largo de su trayectoria personal y como funcionario. A ello se le debe sumar el cúmulo de mentiras, en su vano intento de justificarse, que ya han sido evidenciadas. Y, finalmente, los inocultables compromisos mafiososcon Odebrecht y las demás empresas brasileñas implicadas en el caso Lava jato.
Esta manifiesta incapacidad moral, más la muy probable responsabilidad penal del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski, son ya de por sí cargas demasiado pesadas para que siga desempeñando la Presidencia de la República. Pero todo se agrava y hace extremadamente penoso, cuando hemos asistido en casi dos años al fracaso, clamoroso y sin excusas,del “Gobierno de lujo”.Para mucha gente la vacancia tendría más que ver con esta incapacidad absoluta y parálisis general, traducida en una completa ausencia de futuro, que con la situación singular del Presidente.
Todos estos elementos y circunstancias deberían converger para un recambio ordenado de la Jefatura del Estado, aplicándose fielmente la Constitución Política. Si así fuera la institucionalidad y las reglas del Estado de Derecho estarían a salvo.
Otra cosa sería la viabilidad de Vizcarra Presidente. Y resulta legítimo expresar dudas y mostrarse preocupado, porque el porvenir no depende, en este caso, del cumplimiento de las normas jurídicas. A pesar de todo este camino, además de constitucional, es esperanzadorincluso para salir del clima enrarecido y sofocante que nos envuelve. El Perú debe mostrar al mundo que ha adquirido la madurez política para resolver una crisis magna, en el cuadro del ordenamiento jurídico nacional.
Quizá por esto último, todas las fuerzas políticas coincidentes en la vacancia presidencial estarán interesadas que la decisión, dura y controvertida, no conlleve al empeoramiento de la gobernabilidad del país. No se trata de “cambiar mocos por babas”, como dice el conocido refrán. Y, por eso mismo, suponemos que harán su mejor esfuerzo para sostener al nuevo mandatario y permitir que su gobierno llegue a buen puerto, hacia julio del 2021. Por cierto, no nos hacemos ilusiones basadas en sus supuestas calidades políticas; simplemente creemos que se comportarán pragmáticamente, de acuerdo a esa “racionalidad instrumental con arreglo a fines”, a la que aludía Max Weber.
Emprender esta ruta no nos libra de las acechanzas y peligros, claro está. Pero estimo que resulta más promisoria que insistir en lo mismo. A estas alturas los defensores del PPK podrán argumentar contra los procedimientos y las motivaciones, pero no tienen como sostener que la gobernabilidad, el desarrollo económico y el bienestar social, dependen de su permanencia agónica en el cargo. Pretender que un Presidente deslegitimado e imputado de tan agraves acusaciones–cosa que ha agudizado su errático deambular, su desafección para las cosas y el derrotero anárquico de su gobierno– siga piloteando la nave del Estado y en sus manos esté el destino de la Nación, es una gravísima irresponsabilidad.
La ciudadanía espera que esta nefasta coyuntura no se prolongue más. El Congreso de la Republica, con todos los partidos políticos que lo conforman, tienen la obligación republicana de producir un corte histórico y constitucional, contra esta etapa deletérea.
Qué nos saque del hoyo infecto donde nos encontramos y proyecte al país a otro tiempo político, con todas las dificultades, dudas, frustraciones y tropiezos del caso, pero nos permita mirar adelante y advertir que pronto celebraremos los 200 años de nuestra Independencia.
Lima, 19 de marzo de 2018
