ÁNGEL DELGADO SILVA
Antes de alcanzar los cien días de cuarentena tendremos un cuarto de millón de infectados por el Covid-19. Estamos ante un hecho incontrastable; en ningún caso una especulación. Con resultados tan deplorables, nos preguntamos por los “martillos” triunfalistas, las “mesetas” rimbombantes y las vanas promesas que debieran abochornar a las autoridades. ¿Cómo justificar el abusivo e irracional encierro obligatorio, a toda luces inútil para efectos de la salud pública?
Pero este desvarío sanitario sí ha tenido consecuencias letales para la vida y bienestar de los peruanos. Para los millones que pierden sus puestos de trabajo, para los pequeños emprendedores que quiebran, para los que han sido arrojados a la pobreza, la catástrofe económica es una tragedia que compromete su existencia vital. Y, como era de suponerse, la misma ineptitud ante la pandemia se observa en las medidas, dizque, para relanzar la producción y el comercio.
La suma de fracasos, impericias y auto-bombo cerril ya colman la paciencia ciudadana. Eso explica la ola de indignación –aún invisible para las encuestadoras mentirosas– que se viene gestando fuera de los focos de atención gubernamental. Es una curva que crece a diario, alimentada por la desesperación popular ante la crisis –aunque no aparezca registrada por la estadística oficial.
La ceguera y tozudez del Gobierno están incubando una tormenta colosal. La resiliencia de la gente tiene límites. Y la obcecación oficialista los transgrede con impunidad. Tanta inoperancia deviene insoportable, incluso para los indolentes. La presión social, por ello, se acumula peligrosamente y casi sin advertirlo caminamos al precipicio. ¿Estamos esperando conmociones colectivas que desaten violencia y desolación sobre el afligido cuerpo de la Nación?.
Las decisiones oficialistas no sólo son burocráticas y exasperantes. Acusan también una pérfida discriminación. Los prestamos destinados a la reactivación se concentran mayoritariamente en la gran empresa. Entre tanto, la pequeña –aunque intensiva en mano de obra– huérfana de apoyo crediticio, tiene que sufrir trámites interminables y protocolos de infarto, sólo para reabrir sus puertas. Es la misma injusticia que sienten los que, volcados a las calles y con riesgo de enfermar, son objeto de maltratos y desalojos, por el “delito” de vender ambulatoriamente.
La incomprensión y necedad de los funcionarios centrales ha contagiado a alcaldes de pasarela y escaparates. En lugar de sacar cara por sus vecinos, a cuyo voto se deben, desoyen sus demandas angustiadas y en complicidad con el Gobierno ordenan decomisos y represión. ¿Hasta cuándo seguirán atizando el fuego devorador?. ¿Cuánto resistirá la tolerancia popular movida por el hambre y la miseria?.
Lima, 17 de junio del 2020
