El poder real en el Perú y la crisis de los tres presidentes

Por: Enrique Valderrama

Breves aproximaciones sobre el poder en el Perú

A lo largo y ancho del mundo es cada día más claro que quién acceda a la presidencia de la república o a la Jefatura de Gobierno no habrá aún conquistado del todo el poder, esta reflexión va más allá de los lógicos, deseados y necesarios “pesos y contrapesos”, sino es una observación pensada más allá de la política formal e institucional; en otras palabras, quienes detenten la titularidad de los poderes formales del Estado elegidos por voto popular no necesariamente podrán actuar con tanta libertad como usualmente se cree. Están constreñidos por poderosas razones limitantes internas y externas.

Dentro de las razones internas podríamos señalar como la principal dificultad el tamaño de los aparatos administrativos de los Estados, usualmente con Poderes Ejecutivos gigantescos, con múltiples ministerios, direcciones y dependencias autónomas. Esto hace que sea muy difícil que un grupo humano coordinada y concertadamente pueda con rapidez colocar en los cargos claves de confianza a cuadros con los que tomar las riendas del poder en términos reales, peor aún si nos encontrásemos en un contexto anómalo, por ejemplo, en un relevo no previsto. Sin operadores políticos apostados en puntos estratégicos, que viabilicen las políticas públicas y la idea de país que tiene el grupo humano al que le toca gobernar, todo se pone cuesta arriba.

La ausencia de estructuras amalgamadas por un “relato mínimo” y que piensen las políticas públicas y de colectividades organizadas no sólo para las carreras electorales, el activismo ciudadano o político sino con sentidos comunes en términos de valores y de decisiones de gobierno profundizan el panorama complejo del ejercicio real del poder que potencialmente se podría desplegar si hubiesen Partidos políticos fuertes con amplias redes de fundaciones de trabajo programático-social y “think tanks” actualizados y conectados con el mundo.

En Perú, por ejemplo, no existen más de 3 o 4 sentidos comunes alrededor de la alta burocracia que podrían llevar las riendas de un Gobierno, incluso diría que ninguna lo podría hacer en soledad. Uno, el más grande y poderoso, formado alrededor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de tendencia más “progresista”, que tuvo el liderazgo pleno en el gobierno de la ciudad de Lima Metropolitana de Susana Villarán, pero que ha estado presente en mayor o menor medida en los Gobiernos nacionales en los últimos 20 años, desde la transición del 2000, que se produjo bajo la presidencia de Valentín Paniagua, de Acción Popular hasta la actualidad. Otro de ellos viene del sector liberal, bastante pequeño, relacionado fundamentalmente a la Universidad de Lima y a la Universidad Pacífico. Un tercero está relacionado con profesionales que giraron alrededor del segundo gobierno del APRA, de procedencia más variada y con una perspectiva más pragmática y una orientación mayoritariamente democrática-social ó en clave europea “social demócrata”, pero proveniente de la clase media popular en buena parte y que, valgan verdades, obtuvo los mejores números al frente del Estado. Finalmente, el cuarto son algunos de los que ocuparon cargos altos de corte técnico durante el gobierno de Alberto Fujimori. Esta desproporción en los tamaños de los equipos y su reducido número hace que los vehículos electorales o registros políticos-hoy más de 20 en Perú- echen mano fundamentalmente del primer espacio, más “progresista”, para sus planes de Gobierno y hasta para sus listas parlamentarias.

Además del poder formal institucional existen muchas fuerzas que determinan en gran medida lo que ocurre en un país concreto. Aquí hablamos de las razones externas. Los grupos de interés que ejercen amplia influencia en los tomadores de decisiones. Sin duda el empresariado, el poder mediático, la sociedad civil son actores fundamentales en la vida nacional. Su influencia en la historia ha logrado colocar y sacar presidentes en todo el orbe. En Perú podemos identificar a estos actores en polos de poder bastante bien dibujados.

Un primer espacio o primer gran actor está determinado por el sector financiero, bancario, seguros y de AFP, con una clara estructuración alrededor de 3 o 4 bancos, los cuales mantienen condiciones previsionales y de interés en el crédito financiero bastante desventajosas para los ciudadanos si los comparamos a lo que ocurre en el resto del continente y aún más en el mundo. Un segundo espacio es el que arman la conjunción del poder del conglomerado mediático más importante del país que une televisión con diarios impresos sumado a otro más con una potente radio con amplio arraigo; en grandes líneas la mayoría -no todos- de los demás medios de comunicación al menos en la lógica de su relación con los poderes formales mantienen una similitud de comportamiento con los primeramente descritos. Los tiempos digitales han hecho que su viabilidad como apuesta empresarial dependa en buena medida de la contratación que haga el Estado de publicidad en sus espacios, del avisaje. Al estar enganchadas las empresas encuestadoras con los medios, forman parte integrante de este polo de influencia, sin duda.

Cabe señalar que el primer grupo mediático al que nos referimos tiene a su vez vinculación con el esquema de la gran construcción en el Perú alrededor de las mega firmas brasileñas y sus consorciados de Perú, esto último a través de compartir el más importante accionista: José Graña Miró quesada. Es innegable que la coalición de “El club de la construcción” y “Odebrecht” es un actor de la vida nacional particularmente relevante. El presupuesto para los mega proyectos de infraestructura es un objetivo que busca este grupo, objetivo que tiene ahora que chocar con la llegada de Reino Unido vía el arribo de los contratos “Estado-Estado” y del seguro incremento próximo de los intereses asiáticos en el rubro.

El tercer actor clave de los poderes fácticos en el Perú está compuesto por la red de asociaciones civiles, mayoritariamente de espíritu izquierdista criollo “progresista”. ONGs con bastante fuerza y trabajo sistemático, acceso y experiencia en el manejo de la gran cooperación internacional, de incluso décadas y que cada vez aportan mayor cantidad de cuadros técnicos -aunque semi politizados-a la función pública, tanto en puestos claves de Gobierno como en el sistema de justicia. Han desarrollado una inmensa telaraña que les da una relevancia mayor a cualquier organización política actual. Muchos de sus principales operadores y técnicos son los que son contratados para consultorías en el Estado, herramienta en la que se gasta una cuantiosa suma de dinero de las arcas nacionales, con especial reincidencia en los ministerios de Educación, Economía y Cultura; todo ello, mes a mes. Este esquema tiene nexos internacionales muy sólidos, lo que les permite acceso mediático en prensa internacional.

No podemos dejar de mencionar a las fuerzas del orden: la Policía Nacional y el Ejército, que no han dejado de jugar un rol importante en esta última crisis; si bien están dentro del Estado, en principio no debieran tener influencia en la vida política, cuestión que corroboramos que sí ha sucedido en los acontecimientos de los últimos días. Son un cuarto actor por estudiar y a tomar en cuenta.

Claro que existen otros espacios importantes, como los partidos fuera del parlamento, los gremios sindicales, entre estos sujetos de poder figura evidentemente otros sectores empresariales, por ejemplo, alrededor de la agro-industria, de la minería, de la pesca, entre otros. Sin embargo, su carácter determinante no está acreditado en los hechos de los últimos años en general y tampoco de esta crisis en particular.

Finalmente influye de manera determinante el espacio internacional, que más que actor podríamos calificar como un marco. La conjunción de todas estas variables -sumadas obviamente al poder formal realmente ejercido del Ejecutivo y el Congreso- es la que nos da la radiografía del poder real en la patria.

Antecedentes y origen de la escalada de la crisis última

La presente crisis que ha producido el hecho anómalo de haber tenido tres presidentes en menos de 10 días se remonta en realidad hasta 2016 con la elección del entonces nuevo Gobierno de Kuczynski y de un parlamento liderado -con 73 escaños- por la candidata vencida por escasos 41 mil votos en la segunda vuelta: Keiko Fujimori. Uno de los principios básicos de la democracia es el hecho de que quién sea vencido sea realmente capaz de aceptar la derrota y los resultados. En aquel momento Keiko Fujimori actuó dando la impresión de no aceptar la derrota y se dejó llevar por el razonamiento de algunos que le pedían airadamente: “gobernar desde el Parlamento” iniciando una escalada bastante agresiva en la forma como ejercía la comunicación de su grupo en una oposición con poco ánimo propositivo y una actuación en prensa más enfocada en la crítica y en la vendetta que en los problemas reales del país. Esto acompañado penosamente por proyectos legislativos que navegaban entre la intrascendencia y el ensayo del populismo fácil. Quizás fue una respuesta de ella y su grupo al hecho de que claramente en el Perú se había instalado un ambiente de odio y polarización, instrumentalizado en sendas marchas para evitar su llegada a la presidencia y los adjetivos con los que fue demolida en esa segunda vuelta. Un asunto que no pudo manejar con pragmatismo y al que respondió en la misma sintonía condenando al Perú a una tensión permanente; tensión que hemos visto llegar a su cúspide en estos días.

Hay que reconocer que el matrimonio Humala-Heredia en ese entonces en el poder fue determinante para cerrarle el camino a la victoria de Fujimori Higuchi y responsable además de la orden -operativizada por Pedro Cateriano, el entonces Primer Ministro- de inamovilidad de las fuerzas del orden, hecho que es altamente probable que haya mermado varias decenas de miles de votos a favor de los naranjas. El entusiasmo de la pareja presidencial por la demonización del fujimorismo y del APRA a través de su parlamento y la alianza que establecieron con los medios de comunicación mayoritarios en esa dirección terminó de crear las condiciones para un envenenamiento de la política peruana. Giro simbólico que hoy aun seguimos viviendo de un modo u otro.

También hay que señalar que Kuczynski tiene una gran responsabilidad en esta trama, ya que no tuvo la suficiente sapiencia de actuar con mayor amplitud de criterio y ser raudamente convocante con una expresión ciudadana que era electoralmente casi la mitad del país. Esto es particularmente torpe debido a la similitud -en clave derechista y liberal- de la mirada de país que tenían ambos partidos, tanto “PPK” como “Fuerza Popular”. Esta incapacidad para conversar y ceder mutuamente, más las pruebas cada día mayores de conflicto de intereses del entonces Presidente con la “Constructocracia”, es decir Odebrecht y sus consorciados nacionales, alumbraron dos agresivos pedidos de vacancia y finalmente su renuncia, lo que hace que el ingeniero Martín Vizcarra tome el poder, en calidad de Primer Vicepresidente.

Vizcarra en el poder compra la agenda humalista de polarización con ese parlamento y en alianza con los poderes fácticos propicia su cierre en Septiembre de 2019, además de impulsar esquemas de persecución fiscal a sus opositores, que derivaron en una etapa de cárcel para Keiko Fujimori y en la muerte de Alan García. Con un Fujimorismo y un aprismo diezmado, éste último atacado con persistencia por la “Ley Mulder”, que prohibía la publicidad estatal en medios de comunicación, el nuevo parlamento electo en enero pasado no sólo es fragmentado sino además populista con casi nula experiencia y con pocas luces técnicas e intelectuales. Es más bien expresión de redes clientelares y regionales y de “Partidos franquicia” o clanes familiares que buscaban defender intereses pequeños y particulares y sin mucha lectura estratégica. Vizcarra, a pesar de sus más de 40 denuncias como Gobernador de Moquegua, de la trama “Chinchero” y de su cada vez más clara conexión empresarial con el “Club de la construcción” y con Odebrecht, gozaba de relativa popularidad. La sociedad de un modo u otro empoderaba a quién se mostraba capacitado para ejecutar acciones contra aquellos a los que le habían enseñado a odiar.

Los polos de poder en el desenlace

La crisis de los 3 presidentes se explica en buena cuenta por el resquebrajamiento relativo inicial de la alianza de los poderes fácticos con Martín Vizcarra. Éste último requería cada vez más ayuda en términos de influencia sobre el sistema de justica, cuestión que es entendible que cada día le fuera más difícil a sus aliados en la “sociedad civil”, que tienen amplio predicamento en el Ministerio Público, Tribunal Constitucional y Poder Judicial; a medida que prensa independiente iba mostrando cada día más pruebas que comprometían al presidente sustituto, éste representaba ya más una carga para sus intereses que un garante para los mismos. Por otro lado, la crisis económica es probable que empujara al esquema mediático mayoritario a presionar con denuncias al Presidente con el probable y velado objetivo de incrementar el avisaje que el Estado contrata con ellos. Finalmente, la gestión de la pandemia y sobre todo de la economía no había sido buena; esto estoy convencido que fue clave para una cierta apatía del sector financiero respecto al entonces jefe de Estado.

El Congreso intuye este debilitamiento táctico del moqueguano y decide ir a vacarlo con una abultada votación de 105 parlamentarios, en aquel momento envalentonados, varios de los cuales en días posteriores incluso han pedido disculpas públicas por su voto. Una vez fuera del cargo asume las funciones de Vizcarra el entonces Presidente del Parlamento Manuel Merino, un parlamentario electo por Tumbes, de filiación Acciopopulista.

La administración Merino cuenta con el apoyo de las fuerzas del orden, un escepticismo del esquema empresarial financiero y la oposición furibunda del polo mediático y de las ONGs que llaman a una protesta ciudadana a las pocas horas que el nuevo mandatario asume sus funciones. Comete el primer gran error al conformar un Gabinete que no incluía ni a sectores semi-organizados de la población, como gremios o sindicatos y tampoco a las fuerzas del parlamento, quizás porque quiso dar la impresión de amplitud o independencia o quizás porque los grupos parlamentarios se desentendieron de la administración del poder, pensando en Abril de 2021 y las elecciones generales. Si fue así cometieron un inmenso error. Merino tarda mucho tiempo en tomar posiciones clave dentro del Estado, como IRTP o la DINI, tal vez por falta de cuadros o por falta de conocimiento del aparato estatal o nula lectura estratégica del poder real en el país. Es rebasado también en la estrategia de posicionamiento internacional rápidamente.

Se aprecia en la administración Merino que hay una muy precaria o quizás ausente estrategia de comunicación que no permite calar con un mensaje clave: el no indulto a Antauro y la no revisión del tema SUNEDU.

Todo ello sumado a un ánimo en la calle mayoritario que convenía en que había que dejar que Vizcarra culmine su mandato, aunque al mismo tiempo encuestas afines al mismo Gobierno daban cuenta que la credibilidad en su inocencia era muy escasa. Es decir la calle ya no quería tanto a Vizcarra, pero tampoco quería pasar por el estrés de un proceso de vacancia y la polarización que esto traía consigo inevitablemente. Esa falta de lectura de los sentimientos de la población agobiada por la falta de oportunidades y la aún presente pandemia fue muy costosa para Manuel Merino y su equipo ministerial.

La marcha del Jueves 12 de Noviembre si bien fue numerosa y ampliamente juvenil culmina sin vidas que lamentar, fue una expresión de protesta frente a las bochornosas denuncias de numerosos parlamentarios y fueron agregando intereses y motivaciones para la manifestación conforme pasaban las horas. No obstante el humor popular las portadas del Viernes 13 empezaban a mostrar cierta resignación de algunos medios de comunicación, exigían que el Gobierno concilie, que atienda el descontento de los que se habían movilizado a las calles, pero habían bajado el tono de la narrativa “golpista”. Es en este día que Merino comete su segundo gran y fatal error al anunciar la promulgación de la ley de las AFP, que permitía el retiro de hasta 4 UIT poniéndose en clara posición de ataque a todo el esquema financiero y los bancos; de esa decisión a luego manejar una agenda populista desde el Ejecutivo que podría optar por el congelamiento de las deudas y medidas similares solo lo separaba un paso y un poco de imaginación. Aquella acción lo convierte en adversario ya de todos los poderes fácticos en el Perú. Esta nueva realidad hace que los esfuerzos mediáticos para la movilización del sábado 14 se redoblen con el lamentable y luctuoso resultado de 2 vidas jóvenes perdidas. Apenas la noticia se empieza a difundir una cuarta parte del Gabinete le renuncia poniendo al bisoño gobierno de transición en la inviabilidad absoluta, conforme pasaron las horas trascendió que los renunciantes eran 10 ya, más de la mitad del Gabinete. Circula el rumor de que aquella noche el aún presidente llama a numerosos generales de las FFAA y que a aquel llamado no acuden más que dos. Merino se había quedado totalmente sólo.

 El Congreso anuncia la realización de un pleno extraordinario para realizar una evaluación de la situación, algunos grupos le exigen la renuncia. Lo que se da a las pocas horas. La última movida del poder real en el Perú es claramente influir para bloquear la elección de la activista marxista Rocío Silva Santiesteban como Presidenta, que venía con una agenda clara referida a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Con ello la única salida fue entregarle el poder al Partido Morado en la persona de Francisco Sagasti, alguien que no despierta grandes preocupaciones en los sectores mediáticos ni financieros y proviene del esquema de la sociedad civil -ONG.

Se vislumbra ausencia de la agenda social

Mientras el ajedrez político-táctico se mueve día a día nada cambia para las mayorías nacionales. La agenda social, vertebrada en este momento fundamentalmente por la caída del empleo y una inversión del Estado en “reactivación” a todas luces excluyente del sector informal o más bien “normal” de la economía nacional continúa y es poco probable que con Sagasti cambie. No hay un mensaje o una promesa auténtica para los emprendedores peruanos, para la agenda social irresuelta de los pequeños mineros, del agro en el Perú, de los pequeños pescadores y pescadores artesanales, de los trabajadores alrededor de la construcción. El Gabinete que acaba de presentar esperemos que pueda hacer algo, pero la vinculación de algunos de sus miembros con “Graña & Montero” y con estudios jurídicos investigados por el tema “Lava Jato” es por decirlo menos, inquietante.