Las peores elecciones posibles

Fernando Rodríguez Patrón

Las elecciones del domingo 12 de abril han dejado una profunda preocupación que trasciende los resultados y se instala en el núcleo mismo de la legitimidad democrática: el deficiente desempeño de los organismos electorales. Lo ocurrido no es un simple episodio aislado de desorganización administrativa, sino un conjunto de fallas estructurales que comprometen principios esenciales del proceso electoral, como la seguridad jurídica, la igualdad en el ejercicio del sufragio y la confianza en el sistema. La actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) merecen, en este contexto, un análisis riguroso.

En primer lugar, la ONPE, en su calidad de órgano constitucional autónomo encargado de la organización y ejecución de los procesos electorales, incumplió su función esencial de garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad. Los reportes sobre la no llegada oportuna del material electoral a diversos centros de votación, la instalación tardía o inexistente de mesas, y la necesidad de extender o incluso postergar el proceso hasta el día siguiente, constituyen hechos de extrema gravedad. No se trata únicamente de inconvenientes logísticos, estamos ante vulneraciones concretas al derecho fundamental al sufragio.

El retraso en la instalación de mesas y la extensión de la votación al lunes no solo afecta el principio de unidad del acto electoral, sino que también genera condiciones de desigualdad entre los ciudadanos. Aquellos que votaron el domingo lo hicieron bajo un contexto distinto al de quienes debieron hacerlo el lunes, con posibles variaciones en la información disponible, el clima político e incluso las condiciones de seguridad. Este quiebre del principio de simultaneidad del sufragio introduce un elemento de distorsión que puede incidir, directa o indirectamente, en la voluntad popular.

A ello se suma un hecho particularmente alarmante: la aparición de cédulas de votación en la basura. Este episodio no solo evidenciaría negligencia en la custodia del material electoral, sino que podría configurar una afectación directa a la cadena de custodia, principio fundamental para garantizar la integridad del proceso. La cadena de custodia no es un formalismo, sino una garantía material de que cada voto emitido es debidamente contabilizado y que no existen manipulaciones indebidas. Su vulneración erosiona la confianza en los resultados y abre la puerta a cuestionamientos legítimos.

Desde una perspectiva jurídica, la responsabilidad de la ONPE no se agota en la ejecución material del proceso, sino que incluye un deber de previsión y planificación. La jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que los órganos electorales deben actuar bajo estándares de diligencia reforzada, dada la naturaleza sensible de sus funciones. En este caso, resulta evidente que tales estándares no se han cumplido.

Por su parte, el JNE, como máximo órgano del sistema electoral y encargado de la fiscalización y administración de justicia electoral, tampoco ha estado a la altura de las circunstancias. Su rol no es meramente reactivo, sino también preventivo. La falta de supervisión efectiva sobre la distribución del material electoral revela una omisión en el ejercicio de sus competencias de fiscalización. En un sistema electoral funcional, el JNE debe anticipar riesgos y adoptar medidas correctivas antes de que estos se materialicen en fallas operativas.

La inacción del JNE frente a los problemas logísticos de la ONPE plantea interrogantes serias sobre la coordinación interinstitucional. El sistema electoral peruano está diseñado como un conjunto de órganos autónomos que deben actuar de manera articulada. Cuando uno de ellos falla, los demás tienen el deber de activar mecanismos de control y corrección. En este caso, dicha articulación ha sido claramente inexistente.

Más aún, la ausencia de pronunciamientos oportunos y contundentes por parte del JNE frente a los hechos reportados contribuye a un clima de incertidumbre y desconfianza. La legitimidad de un proceso electoral no depende únicamente de la corrección formal de sus resultados, sino también de la percepción pública de su transparencia y equidad. Su reacción tardía y responsabilizando exclusivamente a la ONPE, coadyuvan en la deslegitimación del proceso.

No puede soslayarse que el derecho electoral se sustenta en principios como la transparencia, la eficiencia y la confianza. Cuando estos principios son vulnerados, no basta con corregir los errores posteriormente: es necesario asumir responsabilidades y adoptar reformas estructurales. La eventual apertura de investigaciones administrativas o incluso penales no debe ser vista como una reacción excesiva, sino como una exigencia mínima de un Estado de Derecho.

En conclusión, las elecciones del 12 de abril pusieron en evidencia una preocupante fragilidad institucional en el sistema electoral peruano. La ONPE ha fallado en su deber de organización eficiente, y el JNE en su rol de fiscalización. Más allá de las responsabilidades individuales, lo ocurrido exige una reflexión profunda sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control, mejorar la planificación logística y, sobre todo, recuperar la confianza ciudadana. Sin instituciones electorales sólidas, la democracia se convierte en una promesa vacía.